La decisión de la UE de situar la modernización de los edificios en el centro de su compromiso de reducir las emisiones de CO2 augura un importante programa de gasto que transformará la eficiencia energética.
La Unión Europea está a punto de comenzar un ambicioso programa que tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos y residenciales de todo el continente. En la próxima década asistiremos a una oleada de oportunidades para los inversores en toda una gama de sectores, desde los fabricantes de sistemas de calefacción y refrigeración hasta los proveedores de materiales de aislamiento.
El plan de recuperación de la UE,1 presentado el pasado verano, identifica la modernización de los edificios como un ámbito prioritario de financiación, lo que se enmarca en el esfuerzo de la región por contrarrestar el impacto negativo de la COVID-19 en la economía y, simultáneamente, promover una transición ecológica. A esto se suma la ambiciosa estrategia para desencadenar una «oleada de renovación» en la UE, lanzada en octubre, que tiene como objetivo acelerar las iniciativas de descarbonización, en parte a través de la renovación de los edificios.
Dada la intención de la UE de cumplir el objetivo autoimpuesto de reducir las emisiones de CO2 en un 55% de aquí a 2030 (con respecto a los niveles de 1990) y alcanzar la neutralidad climática para el año 2050, los responsables políticos se han dado cuenta de que se necesitan medidas radicales que trascienden del sector energético. La renovación y la modernización de los edificios podrían desempeñar un papel importante, ya que los edificios son responsables de más de una tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero (36%) y de en torno al 40% del consumo total de energía de la Unión. De los 220 millones de edificios que conforman aproximadamente el parque inmobiliario de la UE, unas tres cuartas partes se consideran energéticamente ineficientes.
Además de las posibles medidas de financiación en toda la UE, parece probable que algunos Estados miembros desarrollen sus propios planes nacionales de renovación, y algunos gobiernos ofrecerán incentivos para alentar la renovación de edificios privados y residenciales.
Los inversores deberían tomar nota de ello, ya que las consecuencias positivas de este esfuerzo de inversión todavía no está plenamente reflejado en las cotizaciones. La enorme magnitud prevista de estos incentivos e iniciativas de política pública, a lo que hay que sumar unos significativos fondos públicos, probablemente generará considerables flujos de inversión en las actividades de renovación, especialmente en los sistemas de calefacción, refrigeración y aislamiento. Puede que asistamos a una correspondiente revalorización de algunas compañías que operan en estos sectores.
Un tema estructural a largo plazo
La UE se ha fijado objetivos de gran alcance. De aquí a 2030, la Unión pretende recortar las emisiones de gases de efecto invernadero de los edificios en un 60%, así como reducir el consumo de energía para calefacción y refrigeración en un 18%. Para lograr estos objetivos, se ha propuesto duplicar la tasa anual de renovación de los edificios del 1% al 2% en los 10 próximos años, velando por que dichas renovaciones mejoren la eficiencia energética y de los recursos de unos 35 millones de edificios.
Como es lógico, el ímpetu de renovación debe contar con un sólido compromiso político. Además de contribuir a la consecución de los objetivos de reducción de las emisiones de carbono, se prevé que la estrategia estimule el crecimiento económico, genere puestos de trabajo y aporte beneficios sociales (unas facturas de energía más reducidas) sobre todo para los hogares más pobres.
Todo ello exige una significativa inversión. Aunque todavía no se ha definido el importe específico de la financiación, la UE estima que se necesitarán alrededor de 275.000 millones de EUR de inversión al año. Vaticinamos que el capital procederá de una combinación de fondos públicos e inversiones privadas, que se estimularán con incentivos fiscales y otras iniciativas públicas.
En cuanto a las medidas políticas, existe una sólida cartera de proyectos. Para finales de 2021, la Comisión propondrá una serie de nuevas normas obligatorias mínimas de eficiencia energética en el marco de la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios. También propondrá la revisión de los certificados de eficiencia energética, cuya cobertura pretende ampliar en el conjunto de los Estados miembros. Existe margen de maniobra, puesto que en varios Estados miembros menos del 10% del parque inmobiliario dispone de certificados. Unos requisitos más estrictos podrían representar robustos catalizadores para atraer significativas inversiones privadas en este ámbito.
El reflejo de las oportunidades en los precios de la renta variable
Si bien la mayor parte del impulso normativo tendrá lugar en 2021, el mercado comenzará probablemente a descontar las oportunidades en las acciones antes de que se produzcan estos cambios legislativos. Dado que la UE otorgará prioridad a la financiación de los edificios públicos, como escuelas, universidades y hospitales, las compañías que dispongan de una considerable cuota de mercado en estos segmentos deberían lógicamente beneficiarse en primer lugar. Cabe destacar que las acciones de los principales proveedores de productos de aislamiento seguramente prosperarán.
La UE muestra un firme compromiso con la consecución de sus objetivos de mitigación del cambio climático y está situando la renovación de los edificios en el centro de dichos objetivos. En los próximos años, este será un importante tema estructural impulsado por las políticas. En la actualidad, estamos asistiendo a tan solo los primeros pasos, y los mercados europeos de renta variable todavía tienen que reflejar sus consecuencias en las cotizaciones de las compañías afectadas.
