En estos momentos, se desconoce el verdadero coste en sanidad pública y el impacto económico que ha provocado el COVID-19. La sanidad pública ha sopesado el coste humano de la sobrecarga de las UCI y el rápido aumento de los fallecimientos evitables frente al recrudecimiento del desempleo, el colapso de la inversión y la destrucción de la demanda asociados al distanciamiento social. Lógicamente, los Gobiernos han priorizado la vida frente a la riqueza.
